La propuesta de Brambilla contempla la derogación de la Ley 25.564 y el traslado de funciones del INYM a la Secretaría de Agricultura de la Nación. La respuesta del Gobierno de Misiones fue inmediata. El ministro recordó que la creación del Instituto fue producto de una lucha histórica del sector agrario que tuvo su punto más álgido con el “tractorazo” de principios de los 2000. “Lo que está pasando ya lo vivimos en los noventa. No queremos volver a ese modelo”, advirtió.

Los números respaldan la defensa institucional. Desde la creación del INYM, el precio del kilo de hoja verde pasó de 0,2 a 0,50 centavos de dólar. Esa mejora, según López Sartori, permitió recuperar rentabilidad y contener a miles de productores familiares. “Defendemos un modelo minifundista, que garantiza trabajo y arraigo en toda la provincia. El otro camino concentra, excluye y empobrece”, remarcó.

Para el Gobierno de Misiones, la disputa va más allá del precio de la yerba. Está en juego el diseño de políticas públicas que reconozcan las asimetrías del sistema productivo y eviten que las reglas del mercado terminen ahogando a los más chicos. El INYM, en ese sentido, es mucho más que un organismo técnico: es una herramienta política y económica que equilibra fuerzas y garantiza representación.

La ofensiva contra el Instituto no es nueva, pero toma fuerza en un contexto nacional donde se promueve la desregulación como principio rector. En ese marco, la resistencia de Misiones no es sólo institucional, sino profundamente política. “Si eliminan el INYM, volver a construir algo similar será muy difícil. Esa es la verdadera intención del proyecto”, denunció López Sartori.

La yerba mate no es un simple producto de góndola. Es identidad, historia y sustento para miles de familias. Por eso, la defensa del INYM se vuelve una causa transversal para la provincia. Frente a un modelo de concentración, Misiones elige proteger lo que logró con esfuerzo colectivo: un sistema que incluye, regula y da voz a los que producen desde abajo.