El hecho ocurrió el jueves 18 de septiembre en el Camping Municipal Puerto Panambí, aunque trascendió en las últimas horas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, un patrullero que recorría la zona detuvo un vehículo Ford Ecosport para un control de rutina y constató que tenía una denuncia de venta vigente. El conductor se identificó como integrante de la fuerza federal y aseguró que las jóvenes, de 11 y 15 años, eran sus primas.

Inconsistencias y declaraciones

Sin embargo, al entrevistar a las jóvenes, los efectivos determinaron que no existía ningún vínculo familiar con el gendarme.

Ante esa irregularidad, el personal se dirigió al domicilio de los padres de una de las menores, donde tomó contacto con César Alfredo Smolski, quien declaró conocer a Montenegro desde hacía apenas dos semanas.

El hombre relató que el sargento le había pedido ser novio de su hija menor, propuesta que él rechazó de inmediato, permitiendo únicamente una relación de amistad supervisada.

Smolski aclaró además que había autorizado una salida previa a Mojón Grande, pero que desconocía totalmente el traslado al camping.

Medidas preventivas y avance de la causa

La investigación quedó a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1 de Oberá, que analiza las circunstancias del hecho y la conducta del uniformado.

En paralelo, desde Gendarmería Nacional se resolvió la separación preventiva del efectivo, medida administrativa habitual en casos donde hay indicios de conducta inapropiada o presunta falta grave.

Fuentes judiciales indicaron que se espera la toma de declaraciones testimoniales ampliadas y la incorporación de pericias psicológicas y sociales a las menores antes de definir la calificación legal del caso.

Preocupación en la comunidad y respuesta institucional

El episodio generó preocupación entre los vecinos de Puerto Panambí, quienes destacaron la rápida intervención policial y la importancia del control constante en zonas recreativas y rurales.

Desde el ámbito judicial se insistió en que este tipo de investigaciones buscan preservar la integridad de los menores y garantizar la transparencia institucional ante cualquier presunto abuso de autoridad o situación irregular.