El beneficio alcanza a hogares con consumos mensuales de hasta 450 kilovatios hora y busca garantizar el acceso al servicio eléctrico a los sectores más vulnerables, en un contexto de aumentos sostenidos en el costo de la energía.

La política se aplica en todo el territorio provincial y apunta a amortiguar el impacto en el presupuesto familiar.

La prórroga fue dispuesta por el gobernador Hugo Passalacqua, quien señaló que el objetivo es “seguir cuidando el bolsillo de las familias misioneras” y asegurar la continuidad del servicio en los hogares con mayores dificultades económicas.

Desde el Ejecutivo recordaron que la Tarifa Social Provincial se implementó en 2017, luego de la eliminación de la Tarifa Social Nacional, y se mantuvo como una herramienta propia para proteger a los usuarios residenciales.

El beneficio está destinado a jubilados y pensionados con hasta dos haberes mínimos, trabajadores con ingresos iguales o menores a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, titulares de programas sociales, monotributistas sociales, empleados de casas particulares y personas que cobran el seguro de desempleo.

La medida cobra mayor relevancia frente al recorte de subsidios eléctricos impulsado a nivel nacional desde enero de 2026, que impactará de lleno en usuarios residenciales. En ese escenario, la Tarifa Social Provincial se consolida como un respaldo clave para sostener el acceso a un servicio esencial.