Los aumentos en las tarifas de energía que se vienen este mes tienen en vilo a los consumidores. Después de las subas registradas durante el verano, la situación se volvería a repetir en una clara muestra de que los sectores más vulnerables volverán a pagar el “sinceramiento” que impulsa el gobierno de Javier Milei.
La Secretaría de Energía de la Nación determinó desde esta semana la reducción del subsidio nacional para los usuarios residenciales Nivel 3, de ingresos medios, de 650 kwh a 400 kwh. Con esta nueva disposición de la Nación, los usuarios pasarán a pagar la tarifa plena sin subsidio nacional para los consumos por encima de los 400 kilovatios por mes.
Esto impactaría en aquellos hogares que no se encuentran dentro del segmento de mayores ingresos y cumplen alguna de las siguientes condiciones: ingresos mensuales totales entre 128.214,11 y 448.749,38 pesos. Esto equivale entre 1 y 3,5 canastas básicas para un hogar tipo 2, según INDEC.
Cabe recordar que en febrero, el Gobierno nacional estableció un aumento del 151 por ciento para el precio mayorista de la energía eléctrica.
Tras la quita de subsidios, abril comenzó con diferentes aumentos que impactan de forma directa sobre el bolsillo de la gente. Se trata de la luz, combustible y gas. En Misiones, las tarifas eléctricas escalan en un 60 por ciento; la garrafa trepa un 50 y el combustible, alrededor del 5.
Ante las subas, el gobierno provincial tuvo que implementar el pago hasta en tres cuotas de los consumos de marzo y abril, pero este beneficio solo está disponible para los consumidores que posean la tarjeta de crédito emitida por el banco privado en el que cobran los estatales.
Además, la Casa Rosada está decidida a cobrar las deudas que las provincias y las cooperativas mantienen con CAMMESA. La polémica comenzó a partir del caso de Chubut, donde el gobierno provincial y cinco de sus principales ciudades, Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson y Esquel, fueron intimadas por la mayorista a pagar una deuda total que asciende a 58.919 millones de pesos.
No es la primera vez que CAMMESA decide avanzar con intimaciones judiciales contra las compañías de electricidad. Sin embargo, ahora pide el embargo de cuentas y bienes de las provincias o los municipios.
En el interior, el malestar crece aún más cuando trasciende que las distribuidoras que operan en el AMBA mantienen deudas superiores con la distribuidora. EDENOR le adeuda a la mayorista 127 mil millones de pesos, mientras que el pasivo de EDESUR asciende a 72.500 millones.
En esa línea, el senador misionero de Juntos por el Cambio, Martin Goerling, publicó en su cuenta personal de X el pedido formulado a la distribuidora de energía eléctrica.
“El problema energético es uno de los más importantes que hoy tiene Misiones, por eso hice un pedido a CAMMESA y a la Secretaría de Energía de la Nación para que nos informe a los misioneros cuál es la deuda que tenemos con el organismo. El esfuerzo por el sinceramiento de tarifas debe ser acompañado por el gobierno provincial, asegurando un valor razonable y un correcto suministro en toda la provincia”, publicó el senador.
En los municipios de Misiones también hay preocupación por el impacto del recorte en los recursos nacionales. El intendente de Campo Grande y presidente de la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios de la provincia (CODEIM), Carlos Sartori, señaló que “las obras nacionales están totalmente paralizadas. Arranquemos por ahí. Todas las que tenían financiamiento e inclusive las que ya estaban listas para comenzar, con el presupuesto aprobado y todo”.
“Tuvimos que ajustar muchas cosas de diciembre a esta parte. En años anteriores teníamos 10 ó 12 frentes de obras, hoy solo tenemos dos; con el agregado de que hay una gran incertidumbre para los próximos meses en el ámbito Nacional”, agregó.
La motosierra de Mieli también llegó a las dependencias estatales con oficinas en la provincia. En estos días cerraron las oficinas de Anses de Jardín América y Andresito, por lo que hay preocupación de los empleados de la delegación de Puerto Iguazú.
Los trabajadores realizaron una manifestación el miércoles en reclamo por los despidos y el posible cierre de esa oficina que atiende a los ciudadanos de la zona norte de Misiones.
Habiendo cerrado la delegación de Jardín América, los ciudadanos deben viajar al menos 100 kilómetros hacia Posadas o Eldorado para realizar diferentes trámites como la gestión de jubilaciones, pensiones, programas sociales, asignaciones o becas.
