"La doctora desde el principio incitó a que dé a mi hijo en adopción porque me decía que iba a estar mejor porque iba a tener un papá y una mamá presente", contó la madre a la prensa.

El expediente judicial ha enfrentado obstáculos procesales que han retrasado su avance.

La investigación comenzó cuando las autoridades tomaron conocimiento de las irregularidades en torno al nacimiento y posterior desaparición del menor.

El Juzgado Federal de Oberá intervino y ordenó el allanamiento de un centro médico en Cerro Azul, donde se sospechaba que se habían cometido delitos relacionados con la supresión de identidad del recién nacido.

Los investigadores buscaban documentación y evidencias que pudieran esclarecer las circunstancias del caso.

Sin embargo, el proceso judicial enfrentó complicaciones cuando la jueza a cargo de la causa se declaró incompetente para continuar con la investigación.

Esta decisión generó demoras en el procedimiento y trasladó la responsabilidad de resolver el caso a otra instancia judicial.

El caso ha reavivado el debate sobre la existencia de redes de trata de personas dedicadas al tráfico de menores en la región.

Organizaciones de derechos humanos y activistas sociales señalan que este tipo de situaciones no son casos aislados, sino que forman parte de un problema sistémico que afecta principalmente a familias en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Según estas voces, el robo y tráfico de recién nacidos constituye un negocio millonario que opera aprovechando las carencias del sistema de protección infantil.

Los especialistas en la materia advierten que estas redes criminales suelen aprovechar la vulnerabilidad de madres solteras o familias de escasos recursos para separar a los menores de sus progenitores.

Contrario a lo que se argumenta frecuentemente, estos casos no se tratan de decisiones orientadas al bienestar del menor, sino de operaciones comerciales ilegales que lucran con el dolor de las familias afectadas.

La supresión de identidad y el tráfico de menores constituyen delitos federales que pueden derivar en penas de prisión significativas.

Mientras tanto, el caso de Cerro Azul sigue su curso en el sistema judicial, esperando que se defina la competencia y se retome la investigación de manera efectiva.