Este año, la producción de yerba aumentó un 70 por ciento en comparación con el año anterior, debido a la recuperación tras las sequías de ciclos anteriores. Sin embargo, el sector enfrenta un problema agravado por la desregulación del Instituto Nacional de la Yerba Mate, impulsada por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de Javier Milei.

El Instituto había sido creado a principios de los 2000 por iniciativa de los sectores primarios de la cadena, buscando una entidad que ejerciera cierto tipo de orden en un momento en que políticas desregulatorias de los 90 habían favorecido una sobreproducción de yerba que hundió los precios. El INyM permitió que todos los sectores de la cadena pudieran discutir los precios de la materia prima y consensuar medidas que cuidaran a la actividad, pero ahora volvieron las nubes negras.

La desregulación del INYM provocó un impacto significativo en el sector, que anteriormente era una de las economías regionales más fuertes del país, según el semáforo de Coninagro. La eliminación de precios oficiales dejó a los pequeños y medianos productores sin herramientas legales para exigir valores justos, lo que profundiza los problemas y el malestar de los colonos.

Sin INyM, la provincia de Misiones busca establecer mayor transparencia en el mercado mediante un sistema digital de trazabilidad. Este permite fijar precios de referencia y garantizar que se respete el valor acordado entre todas las partes de la cadena yerbatera.

Pero los productores siguen reclamando a Nación por la recuperación de las funciones del Instituto. Por eso, un grupo de productores de Andresito, unas de las principales regiones yerbateras, lideró la convocatoria para no cortar ni entregar hoja verde desde el 1 de diciembre hasta finales de marzo.

Hay que remontarse a varios años atrás para encontrar una medida similar. Los antecedentes de paros yerbateros incluyen el histórico tractorazo de 2001, que resultó en la creación del INYM, y otro importante conflicto en 2006. Ahora, los productores vuelven a alzar la voz para exigir condiciones que permitan la sostenibilidad del sector.

Otro sector que vive su propia disputa es el de los docentes, que volvieron a parar durante la semana por reclamos salariales y continuarán con las medidas de fuerza.

Los gremios docentes “dialoguistas” acordaron, junto a las autoridades educativas, aumentar a $137.610 el salario básico de maestros de grado, acuerdo del que no participó el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) al considerar insuficiente la oferta del gobierno.

En medio de la reunión entre las autoridades provinciales con los gremios, las agrupaciones docentes disidentes se concentraron sobre ruta 12 en inmediaciones al Puente Ñacanguazú, en General Urquiza, donde realizaron un corte total en horas del mediodía.

Allí se apostó un grupo de alrededor de 50 personas, entre docentes, no docentes, jubilados y civiles autoconvocados en reclamo de mejoras salariales para el sector.

“Culmina una nueva semana de paro docente en Misiones. En el medio, un acuerdo a la baja que nos sigue condenando a vivir con salarios miserables y consolida la pérdida de poder adquisitivo registrada estrepitosamente desde fines del 2023”, señalaron desde el FTEL, en un mensaje publicado en las redes.

“La semana que viene está previsto continuar con las medidas. Se está trabajando para articular y convocar de manera unificada. Si hacemos un esfuerzo podemos abrir esa ventana que es diciembre; de lo contrario, apechugar hasta el año que viene y a tarjetear (si queda margen) el pan dulce y la sidra. Hay previstos aumentos de servicios para el próximo mes”, agregaba la publicación.

Mientras la dirigencia política misionera vive una primavera con la administración de Milei, las consecuencias de las medidas políticas libertarias golpean a sectores sensibles de la economía provincial. Los brotes verdes parece que todavía no germinaron.