Una denuncia formal agregó tensión al clima policial en la zona de frontera. Familiares de ciudadanos afectados denuncian que efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) habrían cobrado coimas y falsificado documentación para liberar vehículos retenidos en operativos. Los hechos, consignados en una querella presentada la semana pasada, apuntan a maniobras sistemáticas que podrían estar operando dentro de la fuerza.
Naturaleza de la denuncia
Según la presentación judicial, los agentes:
- Exigían sobornos para “facilitar” la liberación inmediata de vehículos retenidos en operativos rutinarios.
- Se habrían registrado falsificaciones de firmas en actas oficiales para justificar las acciones.
El monto estimado de dinero implicado aún no fue precisado por la Oficina Anticorrupción, aunque se habla de varias decenas de miles de pesos cobrados por cada caso, lo que alienta la hipótesis de una estructura organizada.
Investigación judicial en curso
La causa quedó radicada en el Juzgado Federal de Eldorado, que ordenó:
- Separar de sus funciones a los agentes sospechados.
- Requerir informes administrativos a la propia PFA.
- Llevar adelante pericias sobre documentación y registros de operativos.
- La justicia también evalúa la posible implicancia de funcionarios internos encargados de validar los papeles firmados.
Reacción institucional
Fuentes oficiales informaron que la PFA, a través de su área de Asuntos Internos, ha dispuesto:
- Protocolos para auditar archivos y videovigilancia de los operativos.
- Recopilación de declaraciones testimoniales de automovilistas afectados.
- Un procedimiento administrativo paralelo para expulsar a los efectivos involucrados.
Estas medidas se enmarcan en una estrategia de “tolerancia cero” frente a irregularidades que comprometen la credibilidad de la fuerza en una zona sensible.
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