El abogado Adrián Benítez confirmó que la presentación "va contra las resoluciones del PAMI 2.431 y 2.535/24 que eliminó el acceso gratuito a los medicamentos contemplados en el Programa Vivir Mejor, al exigir una serie de requisitos que funcionan como trabas para que los jubilados puedan acceder a los medicamentos con 100% de cobertura".

Benítez remarcó que todos los afiliados del PAMI de Misiones "estarán cubiertos por este amparo” y fundamentó que las modificaciones al Programa Vivir Mejor(que antes cubría el 100 por ciento de medicamentos a los jubilados) desde diciembre de 2024 restringió a cuatro medicamentos por mes y además sacó del vademécum del programa las drogas contra la hipertensión y la diabetes, las más indicadas para este grupo etario.

"Esos medicamentos pasaron a tener coberturas mucho menores e incluso hay medicamentos que dejaron de tener cobertura, por eso invocaremos el derecho constitucional a la salud y la violación de derechos adquiridos", destacó.

Según precisó, asociaciones de otras jurisdicciones ya presentaron recursos de amparo ante la Justicia Federal, con respuestas favorables.

Tampoco se trata de una situación exclusiva de Misiones, ya que presentaciones similares se realizaron en Mendoza, Córdoba, Tucumán y varios municipios de la provincia de Buenos Aires.

Benítez destacó la importancia del recurso colectivo que se presentará en Misiones "porque de esta manera iremos federalizando el reclamo que, por lo que vemos, terminará en la Corte Suprema de Justicia, que tendrá la última palabra y si todas las provincias entienden que se vulneró el derecho de los jubilados y pensionados, es más probable que la Corte reconozca esta garantía… porque si hoy el Gobierno hace esto con este sector de la población, mañana ya no tendrá límites".

En el caso del recurso que se presentará en el Juzgado Federal de Posadas, "esperamos que el juez ordene que se retrotraiga el Programa Vivir Mejor del PAMI a noviembre de 2024 y que se resuelva la cuestión de fondo cuando falle la Corte Suprema de Justicia".

Las medidas dispuestas por el PAMI en diciembre pasado "ueron pensadas como si los jubilados cobraran una jubilación mínima de 1000 mil dólares y, por lo tanto, pudieran hacer frente a una menor cobertura… pero no para un jubilado argentino que cobra 250 dólares de mínima porque eso es condenarlos a muerte".

Lo cierto es que el clima en la oficina provincial del PAMI sigue caldeado y hace unos días volvió a quedar envuelta en una crisis institucional. A menos de un año de haber asumido, Samantha Steckler presentó su renuncia a la dirección ejecutiva de la Unidad de Gestión Local, siendo reemplazada por la abogada Cecilia Comparín, quien hasta ahora estaba al frente de la Agencia Territorial Posadas.

La salida de la joven dirigente de La Libertad Avanza se dió en un marco de denuncias gremiales, internas políticas y un marcado desgaste en la gestión.

Desde el armado local libertario aclararon que Steckler dejó el cargo "para abocarse a las tareas de fiscalización de la campaña electoral" y luego asumir como diputada provincial, ya que resultó electa en las elecciones de junio pasado.

Sin embargo, puertas adentro del instituto y entre los gremios, la lectura es otra: señalan que la salida es el resultado de una gestión marcada "por la desorganización, denuncias de persecución laboral y el uso de recursos del organismo para la campaña".

La abogada y docente había asumido en 2024 con la promesa de ordenar el PAMI después de la cuestionada gestión de Ninfa Alvarenga. Se presentó como "instrumento de paz institucional" y dijo que trabajaría con todos los sectores. Pero, de acuerdo con el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de PAMI (SUTEPA), esa expectativa se frustró rápidamente.

En un duro comunicado difundido tras conocerse la renuncia, la organización celebró el alejamiento de quien "se va como entró; como una completa desconocida".

El gremio describió su paso por la conducción como "una gestión demagógica, poco sincera y discriminadora” que dejó “un desgaste irreparable".

Denunciaron que se rodeó de asesores con poderes excesivos, desplazó a empleados de carrera, persiguió voces disidentes y no cumplió compromisos asumidos.

El comunicado recordó que varios trabajadores fueron trasladados de manera compulsiva y que incluso se produjeron despidos en incumplimiento de acuerdos previos, lo que derivó en demandas judiciales contra el instituto.

Los reclamos gremiales no se limitaron al plano laboral. También acusaron a la exdirectora de haber utilizado recursos del PAMI para fines proselitistas.