En las últimas horas, familias de alumnos de la Escuela de Frontera 617 de El Soberbio conocieron que el maestro de séptimo grado denunciado por conductas inapropiadas hacia sus estudiantes habría sido trasladado a una oficina administrativa dependiente del Consejo General de Educación (CGE) en otra localidad de Misiones. La noticia generó indignación entre los denunciantes, quienes convocaron a una reunión a las 21 horas para definir nuevas medidas.

“Del alivio a la bronca con pocas horas en medio”, resumió uno de los padres al enterarse de la decisión. Según los familiares, tanto el maestro denunciado como otros dos docentes y la directora del establecimiento —apartados el martes pasado— habrían recibido designaciones en nuevas áreas sin contacto directo con estudiantes. “Ese es el castigo… en una oficina con aire, sin presiones”, lamentaron.

La situación provocó una ola de repudios en la localidad y también adhesiones en otros puntos de la provincia. Para las familias, el traslado significa una falta de respuesta acorde a la gravedad del caso.

Investigación en curso

El expediente sigue en etapa inicial. La Fiscalía en Ciberdelitos analiza las fotografías tomadas por el docente y el material hallado en los celulares secuestrados el 19 de septiembre. Será la Justicia la que determine si las pruebas configuran un delito penal o si corresponden a otra vía de investigación.

Fuentes vinculadas a la causa confirmaron que el maestro enfrenta al menos ocho denuncias formales en sede judicial. Paralelamente, padres y madres explicaron que ya se presentaron cerca de 20 denuncias.

Acciones institucionales

La Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de Misiones también se sumó al caso. Tras mantener una reunión con las familias el martes pasado, el organismo presentó una denuncia en la Comisaría de la Mujer de El Soberbio. El planteo subraya que las conductas del docente vulneran derechos básicos de niños, niñas y adolescentes.

Mientras tanto, la expectativa está puesta en la confirmación oficial de los traslados. La resolución del CGE y las próximas decisiones judiciales marcarán el rumbo de un caso que ya conmueve a toda la comunidad educativa de El Soberbio y abre un fuerte debate en la provincia sobre la protección de los estudiantes.