Política
Silencio Bárbaro

El caso Goring expone el entramado de privilegios en el Partido Agrario y Social

Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring -uno de los principales operadores de Bárbaro- aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad.

Un nuevo capítulo de controversia envuelve al Partido Agrario y Social (PAyS) y compromete directamente a su conductor, Héctor “Cacho” Bárbaro. El caso de la familia Goring desnuda un esquema de privilegios y acomodos que vuelve a poner bajo la lupa el verdadero funcionamiento del espacio que se presenta como defensor de los sectores más vulnerables.

Patricia Goring, hija del intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring -uno de los principales operadores de Bárbaro- aparece registrada como beneficiaria de una pensión por discapacidad. Al mismo tiempo, su madre, Elisa Goring, diputada provincial electa, también percibió un beneficio por invalidez hasta marzo de este año, pese a que según trascendidos cumplía funciones dentro del municipio.

La revelación desató indignación en ámbitos políticos y sociales, porque expone cómo un mecanismo destinado a personas con discapacidad terminó en manos de dirigentes que hoy forman parte del círculo más cercano al líder del PAyS.

El patrón detrás del caso Goring

Lo ocurrido con los Goring no es un hecho aislado. Al contrario, exhibe un patrón consolidado: el acceso privilegiado a pensiones, planes y beneficios sociales gestionados en las oficinas que Bárbaro manejó en Nación. Una red de favores y prebendas que, lejos de garantizar derechos, terminó reforzando la estructura de poder del dirigente agrario.

Mientras miles de ciudadanos esperan durante meses -e incluso años- la aprobación de un beneficio legítimo, familiares, allegados y militantes vinculados al PAyS accedieron sin obstáculos. El caso Goring muestra cómo la política social se convirtió en moneda de cambio dentro de un esquema de clientelismo que fortalece a los de adentro y margina a quienes más lo necesitan.

El discurso y la práctica

El PAyS construyó su relato sobre la base de la defensa de los humildes, la moral y el compromiso social. Sin embargo, los hechos reflejan lo contrario: beneficios indebidos, acomodos familiares y el uso de la pobreza como herramienta política.

El contraste entre el discurso de justicia social y la realidad expuesta con la familia Goring marca uno de los momentos más críticos de la conducción de Cacho Bárbaro en Misiones. Su liderazgo, que durante años se alimentó de denuncias contra otros espacios, hoy queda cuestionado por prácticas que rozan la corrupción y la manipulación de derechos.

Una crisis de credibilidad

El caso pone en jaque la credibilidad del PAyS y abre un interrogante inevitable: ¿cómo pueden dirigentes que durante años cobraron pensiones por invalidez presentarse ahora como representantes de los misioneros en la Legislatura?

Lo que para los sectores vulnerables es un derecho inalcanzable, para el círculo íntimo de Bárbaro fue un privilegio garantizado. Y en esa contradicción se derrumba el relato de honestidad y compromiso social que el PAyS intentó sostener.

El “milagro” de Cacho Bárbaro no es más que la muestra de un aparato político que se alimenta de la necesidad de los más pobres para consolidar su poder.

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