Ante la situación, los productores convocaron a un paro de cosecha y realizaron diferentes movilizaciones y cortes en las rutas nacionales para evitar el traslado de camiones con yerba, exigiendo la devolución de facultades al INYM y un precio mínimo de 390 pesos por kilo de hoja verde entregada en los secaderos, casi el doble de lo que reciben actualmente.

Los productores concedieron una tregua después del compromiso del Ministerio del Agro provincial para garantizar el cumplimiento de los precios, mientras continúan las gestiones ante Nación.

En marzo último, la zafra yerbatera (que se extiende desde ese mes hasta septiembre) comenzó con un precio inicial de 400 pesos por kilo de hoja verde para los productores. Cuando finalizó el período, el precio había caído un 55 por ciento, a 180 pesos por kilo. Mientras tanto, el paquete de un kilo de yerba cuesta entre 4500 y 5 mil pesos en los supermercados.

En una reunión con el ministro del Agro y Producción de Misiones, Facundo López Sartori, se firmó un acuerdo para gestionar, entre otras cosas, la implementación del precio sugerido de 450 pesos por kilo de hoja verde. De cualquier manera, pocos confían en que esto llegue a buen puerto, debido a que el gobierno Provincial no tiene potestad para fijar precios.

Pero el paro de cosecha comenzó a perder fuerza en los últimos días, reflejando que no hay un consenso entre todos los productores respecto a cómo afrontar la crisis.

Aunque hay coincidencias en la gravedad de la desregulación, no todos los productores quieren reclamar un precio alto por miedo a que las industrias aumenten la importación de yerba de Paraguay y Brasil, beneficiados por la apreciación del peso respecto a las monedas de esos países.

Los libertarios misioneros no parecen preocupados por la situación y eso se notó en la reciente visita de las figuras nacionales de La Libertad Avanza (LLA) a la Tierra Colorada. En conferencia de prensa, autoridades del partido remarcaron que el Gobierno nacional no fijará precios para la yerba mate y que es el gobierno provincial quien debe intervenir.

Adrián Núñez, presidente de La Libertad Avanza Misiones, ensayó una serie de razones para explicar la desidia del Gobierno de Milei respecto a la problemática yerbatera.

“Es un tema complejo y no tiene una solución sencilla. No va con la idea de la libertad regular precios. La solución llega de una mesa de trabajo”, afirmó, destacando el enfoque pragmático del gobierno de Milei para adaptarse a la realidad económica del país.

Los productores, sin embargo, plantean una visión crítica respecto a la falta de medidas concretas. Víctor Chamula, integrante de la mesa asesora de la yerba, expresó: “Toda la vida trabajamos con tradicionalismos y no profesionalismo. Nos acostumbramos a que alguien regule todo y nos diga qué hacer”.

Además, Chamula denunció que el 39 por ciento del precio final de un paquete de yerba mate va al Estado, mientras que el resto debe repartirse entre toda la cadena productiva.

“Nos pusimos a disposición de Nación para trabajar en el sector agropecuario, pero con el gobierno provincial nos encontramos con un ‘Muro de Berlín’. Les incomoda que fuimos a Nación”, señaló.

El decreto 70/23 de Milei le quitó al INYM la facultad de establecer los valores mínimos para el kilo de hoja verde y la yerba canchada (seca, sin molienda), tal como sucedió en las últimas dos décadas.

Los yerbateros lograron frenar con un recurso de amparo esa desregulación pero no pudieron superar otro escollo: la acefalía del Instituto. Según la ley, el presidente del directorio debe ser nombrado por el Gobierno nacional. A un año del inicio del Gobierno libertario, el organismo tiene constituido su directorio con representantes de todos los sectores, pero no cuenta con Presidente.

En lo que respecta a Posadas, el nuevo año viene con aumentos. El transporte urbano subiría de los actuales 850 a los 1000 con las tarjetas SUBE Misionero. El secretario de movilidad urbana de Posadas, Lucas Jardín, dijo que se encuentran trabajando en garantizar que el boleto urbano “no supere los mil pesos” con sistemas prepagos.

La posible suba ya genera malestar entre las asociaciones de usuarios que participan en las audiencias públicas en la que se discuten los precios, ya que consideran que el aumento no debería superar el 1 por ciento, en función de lo que informa el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) como pauta inflacionaria mensual.