A semanas del comienzo del ciclo lectivo, el riesgo de un nuevo paro docente vuelve a generar preocupación en los padres y alerta en el Gobierno. Es que los trabajadores de la educación, que no pertenecen a los gremios más representativos, se han convertido en un sector muy poderoso a la hora de hacer valer sus reclamos ante la patronal y sus medidas de fuerza siempre suman grandes adhesiones.
En la plaza 9 de Julio de Posadas se realizó una nueva convocatoria del sector docente en el marco de los reclamos de este sector por una mejor recomposición salarial, además de otros temas de importancia en vistas al inicio de las clases como ser la situación de los porteros, el presupuesto de los comedores o la infraestructura escolar.
“Hemos perdido frente a cada uno de los anuncios de aumentos, porque íbamos por debajo de la inflación, y desde octubre no tenemos ningún tipo de recomposición salarial”, dijo la dirigente Mónica Gurina.
“Perdimos de octubre hasta ahora más del 100 por ciento del salario, y además ahora nos descuentan el sueldo que es el FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente), la conectividad, garantía y todo lo que manda el Gobierno Nacional”, continuó.
Los reclamos llegan en un momento en que el presidente Javier Milei parece decidido en ceder a los gobernadores toda la responsabilidad por el pago de salarios y futuros aumentos.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó esto al señalar que “en principio, la Nación no va a transferir” a las provincias los recursos correspondientes al incentivo docente (FONID), así como tampoco de los comedores escolares, porque “considera que hoy no tiene existencia, no existen“.
El 4 de marzo deberían comenzar las clases pero los reclamos de los docentes podrían demorar el inicio del ciclo lectivo.
“Nosotros ya le dijimos al Gobierno provincial que, si no aparece de acá al día inicial que es el 4 (de marzo), no van a empezar las clases. Por lo menos nosotros vamos a alentar a que el junto de los trabajadores de la educación se manifiesten a exigir y reclamar un salario digno, una escuela digna y también todo lo otro que tiene que ver con porteros, cocineras, infraestructura y los jubilados nuestros”, agregó Gurina.
Mientras tanto, el gobierno provincial ya logró cerrar con otros trabajadores del Estado. Representantes del sindicato Unión Del Personal Civil De La Nación (UPCN), junto al ministro de Hacienda, Adolfo Safrán, y la ministra de Trabajo, Silvana Giménez, llegaron a un acuerdo de aumento para los empleados de la Administración Pública Provincial de Misiones.
La recomposición salarial para la Administración Pública Provincial comenzará a regir con el sueldo de febrero. Allí se verá reflejado un aumento del 13,7 por ciento y una suma fija de 32.756 pesos, de forma que el mínimo salarial sea de 271.348.
El Gobierno también acordó con los trabajadores de Salud aumentos que llegan al 22 por ciento en el caso de guardias y jubilados. Además, se pautó mantener reuniones mensuales a fin de avanzar en equiparar los salarios.
Lo cierto es que los recortes nacionales obligan al gobierno renovador a hacer frente a los gastos con recursos propios.
Luego la eliminación del Fondo Compensador del transporte del interior por parte del Gobierno nacional, había preocupación por la continuidad del Boleto Estudiantil Gratuito (BEG), algo de suma importancia para miles de familias misioneras. Ante esto, el gobernador Hugo Passalacqua, a través de un posteo en X, ratificó la continuidad del mismo.
“Conforme el compromiso asumido hace ya ocho años, el Boleto Estatal Estudiantil Gratuito Misionero está garantizado con fondos provinciales desde el inicio de clases a los 320 mil misioneros y misioneras que circulan por el universo educativo”, sostuvo el mandatario misionero y agregó que el mismo tendrá vigencia “a partir del 4 de marzo para la primaria y secundaria, en el nivel superior a partir del 25 de marzo. Universitarios, a partir del 1 de marzo”.
En momentos de incertidumbre, el gobierno provincial intenta hacer frente a los recortes y al enojo del presidente, quién parece firme en su idea de “castigar” a los que no acompañaron a la Ley Ómnibus, como es el caso de los legisladores misioneros.
