El conflicto entre docentes y Provincia viene desde hace varios meses, período en el que solo se acordaron treguas temporales. Sin solución a la cuestión salarial, los trabajadores de la educación también repudian la criminalización de la protesta y el incumplimiento del acta acuerdo firmada en junio.

El FTEL hizo su análisis de los datos de inflación informados por el INDEC para el mes de octubre, poniendo en entredicho lo que el Gobierno nacional festeja como un triunfo en términos macroeconómicos, pese a la evidente correlación entre el aquietamiento de los precios y el derrumbe en el consumo, y de los niveles de actividad y de empleo.

“Se conoció el IPC de octubre, registrando un valor de 2,7 por ciento. El poder festeja: un freno a costa de sufrimiento y privaciones para imponer números a la baja. Más allá que hay rubros cuya suba están muy por encima de eso, lo que interesa señalar es cómo se busca consolidar una tendencia permanente de pérdida de poder adquisitivo”, advirtieron desde el FTEL.

“Nuestro objetivo fue y seguirá siendo ese: octubre del 2023. Aunque hoy nos tengamos que también arremangar para recuperar la pérdida que estamos registrando desde enero hasta hoy en algunos tramos, la meta y el sentido de nuestros planteos está puesto allí”, subrayaron desde el FTEL, poniendo de relieve la retracción del salario real de los docentes misioneros.

Las discusiones salariales con los docentes se convirtieron en un dolor de cabeza para el Frente Renovador. Es que cada vez le cuesta más cerrar un acuerdo que conforme a todos los espacios que representan a los docentes. A pesar de que son varios los gremios del sector, los docentes autoconvocados se organizaron por su cuenta en el FTEL, disgustados por la representación del sector. En poco tiempo sumaron una gran adhesión, lo que legitimó al espacio frente al Gobierno, en detrimento de los sindicatos tradicionales.

El conflicto docente le hizo pasar un mal trago al gobernador el miércoles. En el Hotel Julio César de Posadas, se llevó a cabo la presentación del libro “La Gestión del Diálogo” del periodista de TN Gonzalo Aziz de la cual participó Hugo Passalacqua.

Aunque el evento transcurrió con normalidad, al final de la presentación, un grupo de docentes se presentó con carteles en mano, reclamando diálogo y visibilizando las múltiples dificultades que atraviesa el sistema educativo misionero.

Los educadores se dirigieron al auditorio, destacando algunas de las problemáticas que afectan a las escuelas, como la falta de recursos, la precarización laboral y la necesidad urgente de una reforma en las condiciones de trabajo. Ante el reclamo, el gobernador optó por el silencio.

El conflicto docente se recrudece en medio de la primavera que el gobierno Renovador y varios sectores opositores, atraviesan con el presidente Milei; romance cada vez más difícil de justificar en medio de una crisis que golpea duro a varios sectores de la economía misionera.

El gobierno también avanza en la puesta en marcha de la polémica fiscalía para combatir las “fake news”. La Renovación tardó apenas 47 días entre la creación por Ley de la flamante Fiscalía de Ciberdelitos y la elección del abogado y actual secretario de un juzgado que ocupará dicho cargo y cuyos pliegos serán aprobados con seguridad el próximo 10 de diciembre el la Sesión Especial de la Legislatura.

La Fiscalía de Ciberdelitos es una figura que fue criticada por la oposición, por el temor que genera que sea utilizado como un arma para perseguir a voces disidentes en las redes sociales. Otros expertos defendieron el proyecto, afirmando que ante el ciberdelito en auge, incluyendo las estafas virtuales y digitales, es cada vez más necesario una fiscalía especializada en estos crímenes.

El joven abogado y secretario del Tribunal Penal 2 de Posadas, Juan Pablo Espeche, fue el elegido por Passalacqua para ser el nuevo Fiscal de Ciberdelitos. Se trata de un funcionario judicial prácticamente desconocido, que se recibió de abogado en 2019 y según distintas publicaciones tiene cierta experiencia en el área de ciberdelito.

Según la normativa, el flamante fiscal puede secuestrar sin orden de un juez dispositivos electrónicos cuando considere que desde ellos se están divulgando “fake news” o cometiendo “calumnias “o “injurias”.