“Estamos convocados dentro de una iniciativa nacional de los frentes universitarios, en nuestro caso integrando la Intersindical Universitaria de Misiones, que congrega a los gremios docentes, no docentes y a los centros de estudiantes también. Lo que estamos expresando es la preocupante situación de la universidad pública por el atraso presupuestario del año 2023, con una inflación de más del 300 por ciento, que hoy está poniendo en serio peligro el funcionamiento físico de las facultades, además del retraso salarial”, indicó Jorge Almada de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Misiones (ADUNaM).

“Trabajamos con el mismo presupuesto del año pasado, pero enfrentamos nuevos desafíos, como el aumento en el costo de alimentos al abrir el comedor universitario la semana pasada”, afirmó Cristian Garrido, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Horacio Simes, advirtió que el presupuesto alcanza hasta mitad de año y después no se podrán pagar sueldos. Ante la falta de recursos, las becas de comedor se redujeron de 500 el año pasado a 150 para 2024.

Mientras la Universidad le reclama fondos al gobierno Nacional, los estudiantes exigen, a su vez, dejar de ser la variable de ajuste. Eso motivó a que los estudiantes hicieran una protesta, exigiendo a las autoridades por la reapertura de los comedores que todavía permanecen cerrados.

Al margen de los reclamos cruzados, los universitarios planean una gran movilización nacional para el 23 de este mes, que contará con el apoyo de la CGT.

Los movimientos sociales también tuvieron una participación activa en las diferentes manifestaciones que tuvieron lugar en las principales ciudades de la provincia. Hubo movilizaciones y cortes de ruta masivos en Eldorado, San Pedro, San Vicente, Oberá, Apóstoles, entre otras localidades.

“Estas movilizaciones reflejan la determinación de abordar de manera inmediata la grave situación de hambre que aqueja a familias y comunidades en Misiones. La presencia masiva en los cortes de ruta demuestra la urgencia y la necesidad de respuestas concretas por parte de las autoridades frente a esta crisis humanitaria”, manifestaron en un comunicado.

El gobernador Hugo Passalacqua intenta mantener un equilibrio entre el diálogo y los reclamos a la Casa Rosada. Esta semana respaldó a su par salteño, Gustavo Sáenz, quien criticó al Gobierno nacional por haber retirado el capítulo tabacalero de la Ley Bases.

“Total apoyo a mi colega de Salta y a las provincias hermanas del Norte Grande, junto a quienes siempre defenderemos una economía regional clave como es el tabaco y a sus sacrificados trabajadores”, publicó el mandatario misionero en su cuenta de X.

Sáenz, días atrás, salió con los tapones de punta contra el Gobierno nacional, a quien acusó de haber cedido ante el “señor del tabaco”, en referencia a Pablo Otero, propietario de Tabacalera Sarandí, que paga menos que sus competidores ya que tiene en la Justicia un amparo contra el impuesto mínimo al cigarrillo.

En el gobierno provincial también hay preocupación por el impacto de los recortes para la construcción de viviendas. Misiones se enfrenta a un escenario complejo, con 1.449 viviendas en diferentes etapas de ejecución, entre las que se incluyen 955 en Posadas y 499 en el interior de la provincia.

Juan Carlos Pereira, presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IPRODHA), señaló que la “Nación debe al IPRODHA cerca de 600 millones de pesos por programas de viviendas”.

“Con la macroeconomía tan compleja es difícil que la provincia pueda hacerse cargo ciento por ciento de la ejecución de viviendas. Estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos; y la Nación plantea un modelo donde el privado se haga cargo de la construcción de viviendas y las personas accedan al crédito”, explicó Pereira, quien consideró que dicho modelo no aborda las necesidades de las familias de menores recursos.