Interior
Fuerte reclamo

Exigen informes sobre el estado de una planta potabilizadora en Puerto Iguazú

Tras una sorpresiva inundación en la planta potabilizadora del barrio Las Leñas, vecinos y concejales advierten sobre el riesgo de colapso de la cisterna y exigen acciones inmediatas.
El hecho reavivó la preocupación por las filtraciones en la cisterna de 3.600.000 litros de agua.

El Concejo Deliberante de Puerto Iguazú aprobó por unanimidad un proyecto de comunicación que exige informes sobre el estado de la planta potabilizadora del barrio Las Leñas. La decisión fue impulsada tras una inundación repentina ocurrida el 21 de febrero, pocas horas después de que el intendente Claudio Filippa asegurara que los problemas en la infraestructura habían sido solucionados.

El hecho reavivó la preocupación por las filtraciones en la cisterna de 3.600.000 litros de agua, cuya estructura presenta pérdidas visibles. El concejal Alejandro Verón, reiteró su pedido para que se intime a la empresa constructora original a presentar un informe detallado de la situación. Según su análisis, la obra tiene vicios de construcción desde su entrega en 2018, y en caso de colapso, la responsabilidad civil y penal recaería sobre la empresa.

A pesar de las denuncias previas, el municipio optó por contratar a una segunda empresa para realizar reparaciones, lo que, según Verón, no garantiza la estabilidad de la estructura. En su intervención en el recinto, el edil instó al Ejecutivo Municipal a tomar medidas inmediatas, incluyendo la clausura de la planta si las condiciones lo requieren, y a iniciar acciones legales si fuera necesario.

El proyecto de comunicación aprobado establece que el Departamento Ejecutivo Municipal debe intimar con urgencia al Instituto Misionero de Agua y Saneamiento y al Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional a presentar un informe sobre el estado actual de la obra y sobre los eventos del 21 de febrero. Asimismo, se solicita la implementación de medidas para subsanar los problemas detectados, garantizando la seguridad de los vecinos. Las autoridades responsables cuentan con un plazo de 10 días hábiles para responder a este requerimiento.

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