El arresto se produjo en el marco de la causa que lleva adelante el Juzgado de Instrucción N° 6 de Posadas, a cargo del fiscal René Casals, tras la denuncia presentada por el Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC) el 8 de octubre de 2024. La acusación apunta a la presunta violación del artículo 301 bis del Código Penal, que sanciona con penas de entre tres y seis años de prisión a quienes organicen juegos de azar sin autorización oficial.

Jonathan O., quien recuperó la libertad pocas horas después por decisión judicial, fue imputado por explotación de apuestas ilegales. En su declaración indagatoria, negó cualquier responsabilidad y descartó la existencia de apuestas clandestinas durante el evento. Sin embargo, los investigadores analizan documentación y testimonios que podrían comprometerlo.

Uno de los puntos clave en la investigación es el contrato firmado entre el Jockey Club Posadas y los organizadores privados, que establecía la obligación de estos últimos de gestionar habilitaciones municipales y provinciales, así como garantizar la seguridad, la sanidad animal y los seguros para espectadores y participantes. Además, el acuerdo estipulaba un canon de 16 millones de pesos en dos cuotas, eximiendo al Jockey Club de cualquier responsabilidad por irregularidades.

El escándalo estalló el 6 de octubre, cuando en la cuarta prueba del evento, denominada "Emperatriz de la Recta", la yegua Argentina Like, del stud Doña Juana, se desplomó en plena carrera y falleció por un paro cardiorrespiratorio. Exámenes toxicológicos revelaron la presencia de sustancias ilegales. El jinete Alejandro Montenegro sufrió una conmoción cerebral, politraumatismos y graves lesiones en el hombro izquierdo.

El IPLyC no sólo presentó la denuncia penal, sino que también revocó las habilitaciones para actividades hípicas en el Jockey Club Posadas y aplicó una multa de 20 millones de pesos a la entidad.

En los primeros días de marzo, declararán tres figuras clave: el propio Montenegro, el propietario del stud Doña Juana y el veterinario que realizó los análisis toxicológicos al equino fallecido. La Justicia busca determinar responsabilidades en un escándalo que sacudió al mundo del turf y puso en la mira el negocio de las carreras de caballos en la región.