Los jefes comunales adelantaron que presentarán una demanda judicial para frenar los efectos de la resolución, que prohíbe incluir en la factura de luz el ítem correspondiente al alumbrado público.

Los intendentes de los municipios del área de concesión de la Cooperativa Luz y Fuerza Libertador General San Martín expresaron su preocupación tras la Resolución Administrativa 267/24 de la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación. Esta medida prohíbe incluir en la boleta del servicio eléctrico el ítem correspondiente al alumbrado público, un servicio que la cooperativa presta y administra desde hace más de 45 años bajo convenios con los municipios.
Reunidos esta semana con Victoria Vercelli, presidenta de la entidad, los intendentes de Puerto Rico (Carlos Koth), Capioví (Ramón Arrúa), Ruiz de Montoya (Víctor Vogel) y Jardín América (César Araujo), junto con los representantes de Garuhapé (Gerardo Schmied) y Puerto Leoni (Elvio Rivas), explicaron a los 20.000 asociados y cerca de 70.000 habitantes del área de cobertura las implicancias de esta medida, que consideran “insostenible” y que derivará inevitablemente en acciones legales.

Tanto los jefes comunales como la presidenta del consejo de administración de la cooperativa coincidieron en que el alumbrado público es una potestad municipal. No obstante, defendieron el modelo vigente, basado en convenios, que permite incluir el costo del servicio en la boleta de energía eléctrica.

Los mandatarios adelantaron que en los próximos días presentarán una demanda judicial para frenar los efectos de la resolución. De acuerdo a lo expresado por los intendentes en la reunión, garantizar el alumbrado público, a algunos municipios les llega a costar 45 millones de pesos mensuales. En ese contexto, los mandatarios se encuentran preocupados porque el recupero no está asegurado, ya que entienden que el usuario probablemente pague primero el servicio de energía en la cooperativa y no el alumbrado en la Municipalidad.

La decisión de judicializar el tema busca preservar la estabilidad del sistema de alumbrado público, considerado esencial para la seguridad y el desarrollo de las localidades involucradas.