Es lo que se resolvió tras una reunión celebrada en el Salón de Acuerdos del Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones bajo la presidencia de Cristian Marcelo Benítez y los vocales, Gregorio Busse y Andrés Poujade y, por ante la Secretaria Electoral, Irma Gisela Hendrie.

La decisión se adoptó teniendo en cuenta que el Tribunal Electoral recibió la disposición del Superior Tribunal de Justicia, haciendo lugar a la Demanda de Inconstitucionalidad incoada del inc.10 del Art. 48 de la Constitución Provincial, presentada por el Procurador General de la Provincia.

La marcha atrás fue impulsada por el oficialismo misionero, que se puso al frente de la movida. Días antes de la oficializarse, en la web de Canal 12 (un medio estatal) se informó que el propio gobernador Hugo Passalacqua instruyó al fiscal de Estado, Carlos Giménez, para que presentara un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia para que se habilite a votar a los miembros de las fuerzas de seguridad. “Policías y agentes de las fuerzas de seguridad podrán votar en las elecciones provinciales del próximo 8 de junio en Misiones.

La decisión será confirmada en las próximas horas por el Superior Tribunal de Justicia, luego de un planteo impulsado por el gobernador Hugo Passalacqua, el fiscal de Estado y la conducción política de la Renovación”, informó Canal 12. Aunque no hubo más detalles, se especula que el pedido venía impulsado por la repercusión y la suspicacia desatada por el veto.

La prohibición despertó inmediatamente la polémica y todo tipo de reacciones, ya que en los últimos 20 años los policías siempre pudieron emitir su voto gracias a una decisión del STJ que declaraba inconstitucional ese artículo.

El caso cobró gran relevancia porque el próximo 8 de junio uno de los candidatos con mayor intención de voto es Ramón Amarilla, suboficial retirado y líder de la protesta salarial que hace un año protagonizaron policías y otros gremios.

En los últimos días se presentaron varios recursos ante el Tribunal Electoral para revertir la medida, entre ellos, uno impulsado por La Libertad Avanza-Misiones, que lleva como candidato a diputado al extenista Diego Hartfield.

El otro pedido fue presentado por el abogado Claudio Katiz, vinculado a la lista que lleva al frente a Ramón Amarilla. Incluso, un colaborador cercano a Patricia Bullrich se comunicó con el ministro Pérez, haciéndole saber la opinión del Ministerio de Seguridad de la Nación totalmente contraria a prohibirle votar a los uniformados.

“¡El mundo del revés! En Misiones pueden votar los presos y los extranjeros, pero no los gendarmes, prefectos, policías federales, de seguridad aeroportuaria ni del servicio penitenciario. Tampoco la policía provincial”, se quejó la propia ministra en sus redes.

No es la primera vez que el oficialismo misionero modifica su postura respecto de una decisión polémica ante la cual puede quedar expuesto.

Hace poco sucedió con la intención de no habilitar la banca que dejó vacante el expulsado Germán Kiczka, la que finalmente terminó siendo habilitada por la Justicia Electoral para Javier Mela. Algo que estuvo en duda hasta el último momento.

También sucedió con la habilitación para ser candidato a Ramón Amarilla, quien finalmente recibió la luz verde del Tribunal Electoral.

El propio Amarilla, detrás de los muros del penal de Cerro Azul, se envalentonó con la habilitación para el voto policial y se animó a vaticinar una victoria la próxima semana.

“Los votos están, la estructura está. Estamos primeros y tengo la esperanza de que consigamos entre 14 y 16 diputados, pero para eso va a ser clave que nuestros fiscales sepan trabajar y controlar, nuestro éxito dependerá de ello”, dijo Amarilla.

De cualquier manera, el Canal 12 también publicó una entusiasta encuesta que ubica a la Renovación con una intención de voto del 71 por ciento, mientras que ninguna fuerza opositora superaría el 5 por ciento. Números que suenan exagerados, pero a los que el oficialismo supo acercarse en algunas oportunidades.