Sin precios oficiales, las industrias quedaron liberadas para establecer el precio que pagarían a los productores por la yerba, lo que terminó ocasionando una estrepitosa caída en los mismos.

Esta desregulación fue rechazada (con cierta tibieza pero rechazada al fin) por el Gobierno provincial, pero sin contar con el acompañamiento de Corrientes, que históricamente tuvo reparos con la función del INYM ya que en esa provincia se encuentran las industrias más grandes, que concentran casi todos los procesos de la elaboración de yerba.

A la crisis del sector se sumó un nuevo intento por terminar con el Instituto, creado a principio de los 2000 por impulso de los yerbateros misioneros.

La diputada nacional Sofía Brambilla, representante de Corrientes, presentó en el Congreso un proyecto de ley para disolver el INYM, al que calificó como ineficaz y costoso para los argentinos argumentando que, en más de dos décadas de funcionamiento, el organismo no logró mejorar la situación de los pequeños productores y que muchas de sus funciones podrían ser asumidas por otras áreas del Estado.

“Es una opinión formada luego de un año de estudiar e investigar sobre el INYM. La idea original fue buena, surgió como respuesta a un conflicto yerbatero, pero con el tiempo el instituto no logró cumplir su misión”, señaló Brambilla.

Explicó que, de las 46 decisiones sobre precios tomadas en 22 años, en 26 ocasiones tuvo que intervenir el Ministerio de Agricultura, por falta de acuerdo entre los integrantes del directorio.

La diputada consideró que el INYM “cumple funciones que ya realizan otras instituciones, como Cancillería o las secretarías de comercio exterior”, y subrayó una contradicción estructural. “Se sostiene con fondos que pagan las empresas a las que debe controlar”, dijo.

El ministro del Agro de Misiones, Facundo Sartori salió en defensa del Instituto y expresó que la legisladora nacional del PRO, Sofía Bambrilla, desconoce el funcionamiento de la entidad.

“Desde la creación del INYM, el valor del kilo de la hoja verde pasó de 0.2 centavos dólar a 0.50 centavos de esta moneda. Es decir, la rentabilidad aumentó muchísimo desde su creación”, sentenció Sartori.

Para Sartori se trata de un proyecto que solo pueden respaldar los grandes molinos que están radicados en Corrientes, sugiriendo que la congresista del PRO representa a quienes no quieren que el Estado intervenga en la valoración del precio de la materia prima.

“Claramente está representando a los intereses de los grandes molineros de su provincia y no le conviene. Si bien no le están regulando el precio, la idea es que se derogue la Ley para que después sea más complejo crear nuevamente una normativa que contemple las funciones que cumplía el INYM”, comentó el funcionario misionero.

Sin embargo, el gobierno provincial evitó confrontar con Milei en estos meses, al punto que terminó validando algunos de los argumentos dados desde la Nación para avanzar en la desregulación, que juzgan como irreversible mientras siga este gobierno.

Mientras tanto, el directorio del INYM resiste a su manera. Por primera vez desde el cambio de gestión, se votó en contra de las decisiones de Milei. Por mayoría el directorio decidió rechazar la supresión de resoluciones que permitían el control de calidad y salubridad de la yerba mate, impulsadas por los representantes del sector industrial pero sin el apoyo de los representantes de los productores, cooperativas, trabajadores rurales y secaderos, quienes rechazaron en forma mayoritaria su eliminación, además del representante del Gobierno de Misiones.

La discusión se dio en un contexto de tensión creciente entre los sectores productivos y la Nación, que viene impulsando una reconversión de los yerbales y una flexibilización de las exigencias regulatorias. De hecho, ya fueron derogadas previamente las resoluciones 270 y 185, también orientadas al control y fiscalización.

El debate continuará en las próximas semanas. Aunque no hubo derogación, desde el INYM no descartan nuevas presiones del sector industrial y de Nación para insistir con la flexibilización normativa.