Luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) diera a conocer que la inflación de octubre fue de 6,3 por ciento -lo que representa una suba interanual del 88 por ciento-, las luces de alarma se volvieron a encender en los sindicatos.
Las subas asimétricas en el precio de los combustibles, que impactan más fuerte en Misiones, envalentonaron a los gremios que negocian con el estado provincial, que advierten que la tendencia alcista no se va a detener a fin de año ni a principio de 2023.
Las consultoras privadas proyectaron que en noviembre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) tendrá un piso del 6 por ciento y para diciembre acumulará el 100 por ciento anual. De estas estimaciones se agarran los gremios a la hora de reclamar la apertura de paritarias prácticamente todos los meses.
Como todo fin de año los reclamos salariales y bonos se intensifican, pero la inflación imparable de este año sumado a la poca confianza en el Gobierno nacional para solucionar la suba de precios, hacen que todos los sectores apuesten fuerte por terminar el año con subas cercanas al 100 por ciento, movilizados también por las perspectivas que anticipan que el 2023 también manejará índices inflacionarios similares.
La presión de las bases es mayor teniendo en cuenta que muchos sindicatos afines al gobierno acordaron a principio de año subas que en pocos meses quedaron atrasadas respecto a la inflación. De ahí se explica el crecimiento en representación que tuvieron grupos como el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL) que este año logró mejores acuerdos salariales que los sindicatos tradicionales.
El FTEL dejó en clara esa postura en la primera reunión que tuvieron esta semana al rechazar las primeras propuestas que el gobierno llevó a la mesa de discusión salarial donde confluyen todos los espacios.
“Lo que la patronal ofrece no alcanza. La inflación prevista para fin de año es de casi el 100 por ciento y amerita que los salarios se aproximen”, aclaró Monica Gurina, integrante del FTEL, asegurando que aspiran a alcanzar los 34 mil pesos de básico para fin de año, “de mínima alcanzar la inflación para no perder”.
Pero los docentes no son el único grupo que presiona al gobierno provincial por aumentos. El Ministerio de Trabajo tuvo que interceder para destrabar el conflicto con los Guardaparques misioneros enrolados en el gremio ATE, que el jueves habían bloqueado el acceso a los parques provinciales en reclamo de una recomposición salarial y de mejores condiciones de trabajo.
Una asamblea de trabajadores había impulsado las medidas de fuerza no solo por el reclamo salarial sino para “visualizar las carencias del Cuerpo de Guardaparques”. Denunciaron el “abandono de las Áreas protegidas”, la falta de luz eléctrica, agua potable, equipos de comunicación, telefonía. También reclamaron que desde hace tres años no reciben indumentaria de trabajo; el mal estado edilicio teniendo en cuenta que los Guardaparques habitan en el lugar la mitad del mes. Además de la falta de personal para cubrir las extensas superficies de los parques y de vehículos para llegar a regiones de difícil acceso.
La delegada Viviana Pereira señaló que “estamos cobrando por debajo de la canasta familiar, que alcanza los 128 mil pesos y pedimos que nuestro salario llegue a una canasta y media porque son dos ollas las que tenemos que sostener, la nuestra en el parque y nuestra familia en cada hogar”.
Sostuvo también que “somos solo 93 en planilla y 72 en cada guardia, una mejora no significa un costo importante para el presupuesto de la Provincia”.
Desde el gobierno Renovador intentan no entrar en confrontaciones con los sectores que reclaman. Teniendo en cuenta que los reclamos se van a repetir durante todo el próximo año, el gobierno busca mejoras estructurales en la economía misionera. Por eso hubo un especial hincapié en los reclamos por el Presupuesto nacional.
El ministro de Hacienda de la provincia, Adolfo Safrán, manifestó que están “muy conformes” con la media sanción del Senado al Presupuesto, en el cual se incluye el Artículo 10 que contempla la creación de la zona aduanera especial, y confirmó que los puntos aprobados fueron exactamente los mismos fijados en la instancia de Diputados.
“Ahora solamente resta la promulgación que no tendría mayores dificultades, y la gestión política de insistir que se pueda reglamentar lo antes posible este artículo tan importante para Misiones”, expresó el ministro.
Safrán diferenció el concepto de zona aduanera en comparación a una zona franca. Ésta última, según explicó, implica un espacio delimitado para promover actividades comerciales o industriales “en una zona primaria aduanera, es decir, donde hay límites con otros países”.
Sin embargo, con la zona aduanera especial se pretende “dejar afuera el criterio general” para que tenga alguna diferencia tributaria, que básicamente son dos.
Por un lado, “el hecho de que todos los productos que ingresen a Misiones del resto del país lo hagan sin impuestos nacionales, con lo cual los productos podrán ser más competitivos en cuanto a los precios respecto a Brasil y Paraguay, esto hará que no solo para los misioneros el producto sea más barato, sino que el comercio de la provincia pueda competir mejor con esos países limítrofes”, explicó el ministro.
