De acuerdo al texto, la fiscalía se encargará de investigar y perseguir delitos cometidos a través de medios informáticos, buscando una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas. Además, se enfocará en la prevención, mediante el análisis de tendencias emergentes en ciberdelincuencia y el desarrollo de programas de concienciación para la comunidad.

Con la flamante fiscalía de Cibercrimen se crea también, por medio del artículo 10, la figura de “agente digital encubierto” que será un funcionario de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) y tendrá como función especial interactuar por celular o computadora, bajo un perfil falso, con las personas que se encuentran investigadas en causas de delitos digitales.

La polémica iniciativa surgió de la unificación de dos proyectos de ley del diputado Carlos Rovira, el líder del oficialismo; y dos de los también renovadores José Luis Pastori y Rafael Pereyra Pigerl; y uno de la radical Lilia Torres.

La aprobación se produjo tras un proceso acelerado, ya que el proyecto había sido discutido en comisión el miércoles. La intención del oficialismo era avanzar rápidamente en su implementación, lo que generó preocupación en diversos sectores de la sociedad.

Antes de la votación, la organización Abogados en Acción Misiones había manifestado su inquietud por el avance del proyecto, señalando que podría representar un retroceso para la libertad de expresión y poner en riesgo la seguridad jurídica de los ciudadanos. En particular, cuestionaron la introducción de la figura del “agente digital encubierto”, que, según su perspectiva, podría ser utilizada con fines persecutorios.

Durante la sesión, la macrista Analia Labandoczka ratificó el voto en contra del bloque del Pro y realizó varias críticas al proyecto sosteniendo que “el fin no justifica los medios”.

“Este proyecto atenta contra principios constitucionales como la libertad de expresión. El derecho a la propiedad privada. Viola la jurisdicción de la competencia federal. Otorga facultades a un fiscal que son contrarias al Estado de derecho”, cuestionó.

“Nosotros no vamos a acompañar porque nos da más dudas que certezas este dictamen”, dijo por su parte el jefe del bloque de la UCR, Ariel Pianesi.

Rafael Pereyra Pigerl, salió contra la oposición y dijo que “quieren ocultar el caso Kiczka (el exdiputado de Activar acusado consumo, tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil)”.

Además, los acusó de “no tener autoridad moral” y le recordó al interbloque de Juntos por el Cambio el caso del expresidente Mauricio Macri”, quien fue procesado por escuchas ilegales.

La polémica podría seguir fuera de la legislatura. Para el abogado Eduardo Paredes, hay “tres artículos inconstitucionales”, subrayando que “los fiscales gestionan intereses” y que la única autoridad con jurisdicción y capacidad de tomar medidas coactivas es el juez, desde el siglo XVIII. “Si esto llega a la Corte, va a quedar sin efecto”, advirtió.

En materia económica, el gobernador Hugo Passalacqua, solicitó de manera oficial al presidente de YPF la equiparación de los precios del combustible para Misiones, ya que la provincia paga precios por demás elevados a comparación del resto del país.

Según Faruk Jalaf, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio del NEA (CESANE), estas gestiones vienen de larga data y, por sorprendente que parezca, el gobierno de Javier Milei parece dispuesto a cumplirlas.

“De a poco los precios se van nivelando. Al parecer, este gobierno está actuando de otra forma, nos está atendiendo y entendiendo de nuestra situación; y que el país no termina en la General Paz, que el país somos todos”, dijo.

“Reclamábamos una recomposición con valores menores al resto del país, ya que el NEA carece de un servicio que estamos pagando con nuestros impuestos desde hace 35 años: la construcción del gasoducto que en teoría llegaría hasta Misiones y se extendería hasta Puerto Iguazú, inclusive”.

Tras sucesivas reuniones con el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, en las dos últimas actualizaciones de precios del combustible “los aumentos fueron mayores en Buenos Aires que en el NEA y de a poco comenzamos a equipararnos: la diferencia se achicó a tan solo un 5 por ciento más en nuestra zona, en comparación con el resto del país. A lo mejor en una nueva suba ya podríamos quedar iguales”, adelantó Jalaf.