Para los habitantes de la ciudad de San Vicente, ese lunes seguirá no solo en la memoria de aquellos que presenciaron el siniestro, sino también en la historia del municipio. Es que el incendio fue la culminación de una semana de movilizaciones, que llevó a alrededor de 5 mil personas a congregarse frente al edificio municipal para reclamar por el destino de 99 mil pesos enviados por la Nación a la comuna para paliar la grave sequía que meses antes había azotado a los colonos de la zona. Entre los reclamos estaba el arreglo de los caminos terrados de las colonias, una cuestión esencial para sacar la producción de las chacras.

El clima de tensión fue creciendo cada vez más en la manifestación, hasta que alrededor de las 17:15 horas, comenzaron a volar las primeras piedras y palos. Minutos más tarde el histórico edificio municipal estaba envuelto en llamas.

El incendio quedará impune

Luego del siniestro, la policía de Misiones actuó los días posteriores, sin embargo sólo tres personas fueron procesadas en la causa que constó de 1200 fojas. Se trata de los productores Teodoro y Jorge Kusik, y Mirta Fernández, dueña de una FM local. El expediente penal que estuvo a cargo del entonces juez de instrucción tres de San Vicente, Juan Carlos Cantero, quien dio cuenta de una treintena de policías heridos. También se reportaron manifestantes lesionados, pero no hubo que lamentar víctimas fatales.

Si bien en principio estuvieron en la mira políticos opositores, dirigentes agrarios, varios comunicadores y hasta ex colaboradores del intendente Luis Benítez, el expediente fue decantando a los tres implicados mencionados, de los cuales uno falleció tiempo después.

Teodoro Kusik al momento del hecho tenía 60 años y padecía una aneurisma en la pierna derecha. Estuvo 20 días detenido y las condiciones de encierro derivaron en el deterioro de su salud, al extremo que a los pocos días de su liberación padeció la amputación de la pierna.

Prescripción

En mayo del 2007 la causa fue elevada al Tribunal Penal uno de Oberá, aunque quedó archivada y nunca se concretó el debate oral.

Finalmente, el último miércoles, las partes fueron notificadas de la prescripción de la causa. Según el Código Penal, una causa prescribe cuando transcurre un período igual al máximo de la pena del delito que se le imputa al acusado sin que se realice el juicio.

El incendio ocasionó el daño total del edificio de la Municipalidad y del Concejo Deliberante de San Vicente. Se perdieron archivos y documentación institucional y de los contribuyentes. Sólo para volver a registrar terrenos y comercios fue necesario confeccionar 3.400 carpetas.

En los años posteriores, muchos vecinos fueron intimados a pagar tasas que decían que ya habían abonado, pero no contaban con los respectivos comprobantes, lo que derivó en innumerables conflictos.

El juez Cantero reconoció que la investigación del hecho fue difícil porque en la ciudad hubo un “pacto de silencio”. “El día del incendio había mucha gente en la plaza, pero nadie vino al juzgado a decirme lo que pasó” finalizó