Los tres efectivos imputados —Nicolás Maximiliano Skripchuk, Ariel David Canteros y Camila Betiana Canteros— deberán ampliar su declaración en los próximos días. En tanto, el comisario general Ludtke fue citado para el 1 de octubre. Al día siguiente será el turno de los oficiales. El juez pretende que el jefe de la UR II explique si existía un protocolo vigente para persecuciones urbanas y si ese protocolo se cumplió en el operativo.

Las primeras versiones de los imputados indicaban que no vieron el despiste de Ramírez. Alegaron que solo observaron pasar la moto y que continuaron su recorrido. Sin embargo, las pruebas técnicas recolectadas por la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) contradicen esos relatos.

El peritaje determinó que los patrulleros circulaban a más de 70 kilómetros por hora en una zona urbana, que siguieron a Ramírez durante varias cuadras y que uno de los móviles estacionó al lado de la moto caída. También quedó registrado que, después de la caída, el vehículo policial realizó una maniobra de reversa. Estos elementos sugieren que los agentes estaban al tanto del siniestro, pero se retiraron sin prestar auxilio.

El testimonio de un menor de edad, de 11 años al momento del hecho, refuerza esa hipótesis. El niño aseguró haber visto la persecución, el despiste y la presencia inmediata de la patrulla en el lugar del accidente. Relató además que los efectivos se fueron sin asistir al motociclista, que quedó tendido en el suelo.

La fiscal Silke sostiene que la omisión de auxilio configura una falta grave, más aún tratándose de funcionarios públicos con deber de protección. Por eso solicitó que se amplíen las declaraciones y que se cite al jefe de la UR II. Busca establecer si los policías actuaron bajo órdenes, si incumplieron los protocolos vigentes y qué responsabilidad institucional corresponde en el caso.

El expediente también incorpora la mirada de la querella, que insiste en que Ramírez fue víctima de una persecución irregular. Para los abogados de la familia, el joven no supo que lo seguían patrulleros porque los móviles no tenían balizas ni sirenas encendidas. Esa falta de identificación habría provocado la huida desesperada que terminó en tragedia.

La citación al comisario Ludtke abre un nuevo capítulo en la investigación. El juez quiere determinar si la responsabilidad alcanza únicamente a los agentes en la calle o si hay responsabilidades jerárquicas más altas. La expectativa está puesta en su testimonio, ya que deberá explicar cómo se regulaban las persecuciones en Oberá y si el operativo del 16 de agosto respetó esos lineamientos.

El caso de Agustín Ramírez sigue generando conmoción en la comunidad obereña. Para muchos vecinos, representa la necesidad de revisar con rigor los protocolos policiales y garantizar que hechos de esta magnitud no vuelvan a repetirse. La familia reclama justicia desde hace más de dos años y considera que el proceso judicial es la única vía para conocer la verdad.

De confirmarse las irregularidades, la investigación podría avanzar hacia un juicio oral contra los policías imputados. Allí se definiría si existió responsabilidad penal en la persecución y en la falta de asistencia al joven motociclista. Mientras tanto, la sociedad misionera espera que la justicia avance y que se esclarezca un caso que expuso con crudeza los límites entre el control policial y el respeto a los derechos ciudadanos.