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Nuevo golpe al bolsillo: autorizan el aumento de las tarifas energéticas en la provincia

La empresa Energía de Misiones implementa ajustes tarifarios conforme a la resolución ministerial, alertando a usuarios sobre la eliminación de subsidios y su impacto en el consumo.

La empresa Energía de Misiones ha obtenido la aprobación para la actualización de tarifas energéticas, abarcando tanto al sector industrial como al domiciliario, según lo establecido en la reciente resolución emitida por el Ministerio de Hacienda de Misiones.

La medida, firmada por el ministro Adolfo Safrán, establece nuevos valores para el uso de energía, los cuales ya han sido incluidos en las facturas correspondientes al mes de enero.

La resolución en cuestión, la número 46/2023 del Ministerio de Hacienda, Finanzas y Obras Públicas de la provincia, fundamenta la autorización en el traslado de los precios mayoristas de Potencia, Energía y Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión.

Estos precios, definidos en el Anexo I de la Resolución (SE) número 884/2.023, abarcan el periodo desde el 1 de Noviembre de 2023 hasta el 30 de Abril de 2024, anticipando posibles ajustes nacionales en abril.

La resolución también avala la actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD) con incrementos diferenciados: 12 por ciento para residenciales, 12 por ciento para no residenciales, 4 por ciento para distribuidores cooperativas, y sin cambios para Grandes Usuarios (GUDI) con potencia igual o mayor de 300 KW.

Estas modificaciones tarifarias también toman en cuenta el Decreto número 55/23 del Poder Ejecutivo Nacional, que declara la emergencia del Sector Energético Nacional hasta el 31 de diciembre de 2024.

El decreto, además, instruye a la Secretaría de Energía a implementar un programa de acciones para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica.

Entre los argumentos que respaldan la actualización, se destaca la delicada situación financiera de las distribuidoras provinciales.

Se señala que la comparación entre el VAD incluido en la tarifa vigente y los costos reales, afectados por la inflación y la devaluación, justifica la necesidad de conciliar los intereses de las distribuidoras y la población en general.

Señalan que el objetivo es garantizar la prestación de servicios de distribución de electricidad y cubrir las necesidades de inversión en condiciones técnicas y económicas adecuadas para todos los usuarios.

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