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Oberá: investigan presunta estafa a presos por parte de abogados "truchos"

Según indicaron, los involucrados ingresan con credenciales falsas a penitenciarías, comisarías y hasta revisan expedientes en los juzgados obereños.

La Justicia obereña investiga una denuncia a dos supuestos abogados que habrían estafado a presos y familiares de detenidos. La presentación penal fue radicada en las últimas horas por María Cristina Salguero, abogada y procuradora del foro local, ante la Fiscalía Uno de Instrucción de Oberá.

Salguero expresó que se trata de dos personas, un hombre y una mujer, domiciliados en la ciudad. Estarían involucrados en la presunta comisión de los delitos de “estafa, estafa en grado de tentativa y usurpación de títulos y honores”.

La abogada relató ante la fiscalía que recientemente tomó conocimiento por intermedio de la esposa de un defendido suyo, que dos personas que se presentaron como “abogados internacionales de la ONU de Derechos Humanos”, le habrían ofrecido sus servicios profesionales.

Según indicó la abogada, el servicio ofrecido por los señalados incluía representar al detenido, ofreciéndole, además, mediar frente al juez de la causa, por los contactos y la influencia que tendrían como miembros del Ministerio de Derechos Humanos. Todo esto costaría 350 mil pesos.

En la denuncia se relata que los supuestos abogados exhibieron a la mujer credenciales que avalaría su condición de empleados del citado organismo. Dicho ofrecimiento también se lo habrían hecho a otros familiares de detenidos, presentándose en la Seccional Segunda y Tercera de Oberá (como pertenecientes al Ministerio de Derechos Humanos) y en la Comisaría de San Martín.

Estas personas manifestaron tanto a los detenidos como al personal policial, pertenecer a Derechos Humanos de la provincia, indicó la denunciante. Incluso, los entrevistaron en los medios locales.

Posible estafa

La abogada denunciante se comunicó con uno de los señalados y este le habría dicho que en realidad pertenece a la organización “Buen Vivir. Justicia y Paz” y que no está matriculado en la provincia, que únicamente se encontraba inscripto en la ciudad de La Plata.

Después de ello, Salguero dijo que se enteró que estas personas revisan expedientes en ambos Tribunales obereños y fiscalías, y que habrían ofrecido sus servicios al hermano de un detenido en la UP VIII de Cerro Azul, solicitando el pago de 20 mil pesos en concepto de honorarios para resolver su causa. Al exhibir las credenciales se movían con total libertad en penitenciarías, como la UP II de Oberá. La denuncia contiene audios, fotografías y otras evidencias.

En uno de los audios que presentó la letrada se puede escuchar que la acusada le habría dicho a uno de sus contactos “con los defensores no tenemos ningún problema con los particulares sí, trabajamos en conjunto con los defensores oficiales”.

Desde Derechos Humanos negaron que estas personas trabajen en dicho organismo y no están matriculados en el Colegio de Abogados de Misiones.

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