La trágica muerte de un yaguareté atropellado en la Ruta Nacional N°12 ha desencadenado pedidos para que la investigación del caso no se limite a una sanción económica. Organizaciones conservacionistas exigen que se profundice en las circunstancias del accidente y que, si se comprueba una infracción a las normas de tránsito, se tomen medidas judiciales contra los responsables.
El incidente, que involucró a un vehículo de una empresa de turismo de Puerto Iguazú, resultó en el pago voluntario de una multa de 20 millones de pesos. Sin embargo, desde la Red Yaguareté se advirtió que esto no debería cerrar el caso. Señalan que aún falta esclarecer si el conductor respetaba los límites de velocidad al momento del impacto. Se plantea la posibilidad de que el vehículo cuente con un sistema GPS que permita verificar la velocidad, y se espera que las autoridades realicen las pericias necesarias para confirmar esta información.
El reclamo ha sido presentado ante la Justicia Federal, ya que el accidente ocurrió en una ruta nacional y por tanto la competencia del caso recae en dicha jurisdicción. Desde la organización conservacionista han destacado que la sanción administrativa aplicada por la provincia no agota el tema, y que, si se comprueba negligencia, es fundamental que se avance por la vía penal para garantizar que se cumpla con la responsabilidad legal.
La muerte del yaguareté ha reavivado la preocupación por el estado de la especie en la región, donde se estima que quedan menos de 250 ejemplares. Las rutas que atraviesan sus hábitats representan un riesgo constante, y se reclama la implementación de medidas como pasos de fauna para reducir estos peligros. Además, se subraya la necesidad de que las empresas que operan en zonas cercanas a áreas protegidas adopten prácticas más responsables y proactivas para evitar incidentes similares.
Desde la Red Yaguareté aseguraron que continuarán monitoreando el caso para que la justicia federal actúe y se establezcan precedentes que protejan a esta especie en peligro de extinción. También enfatizan que la responsabilidad penal no puede ser evitada mediante acuerdos económicos, y que la protección del patrimonio natural de Argentina debe ser una prioridad para las autoridades y la sociedad en su conjunto.

Advierten que la responsabilidad penal no puede ser evitada con el pago de una multa.