Tanto el Juzgado provincial como la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas fallaron a favor de mantener vigentes todas las atribuciones del INYM, tal como establece la Ley Nacional Nº 25.564.

Sin embargo, desde el sector acusan al prescindente Javier Milei y a varios de sus ministros de desobedecer la resolución judicial. Según advierten, esta conducta encuadra en los delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

“El Gobierno nacional no designa al presidente del INYM, a pesar de que es lo único que debe hacer para garantizar el funcionamiento pleno del organismo”, indica un comunicado difundido por productores. Y agrega con ironía: “¿Conocen algún colono que pueda desobedecer una orden judicial sin consecuencias?”

Acusan vaciamiento y saqueo

Los productores sostienen que existe un intento deliberado de vaciar el INYM para debilitar su rol regulador. Señalan que los grandes grupos industriales, que concentran más del 76 por ciento del mercado, bajaron unilateralmente el precio de la hoja verde a 180 pesos por kilo durante la cosecha gruesa de 2024.

La medida habría generado pérdidas por más de 140 mil millones de pesos para los pequeños productores.

“Estamos ante una transferencia fenomenal de riqueza del sector primario hacia los grandes conglomerados”, denuncian. Y alertan que detrás de esta maniobra hay un objetivo claro: “Eliminar al productor primario y apropiarse de sus chacras”.

También repudiaron el proyecto de ley impulsado por la diputada nacional Sofía Brambilla para eliminar el INYM. La acusan de actuar como “empleada de Las Marías”, uno de los grupos más poderosos del sector. “Este intento confirma que el organismo es un obstáculo insalvable para la ambición de los grandes industriales”, remarcaron.

Defensa política del instituto

Los firmantes afirman que el INYM no puede ser eliminado por decreto, como pretende el Ejecutivo, y que cualquier modificación requiere el tratamiento de una nueva ley en el Congreso. Aseguran que darán la batalla en todo el país para frenar el avance de los grandes intereses.

“El INYM ha garantizado, hasta abril de 2024, la sustentabilidad del sector, la fijación de precios mínimos y el desarrollo del negocio yerbatero familiar”, señalan. Desde la intervención del Gobierno nacional, los precios cayeron y miles de familias productoras quedaron al borde de la crisis.

El documento recuerda que cuando se creó el instituto, el kilo de hoja verde valía apenas 0.9 centavos. A fines de 2023, se pagaba entre 200 y 300 pesos por kilo.

“El INYM no es un obstáculo: es una herramienta de equilibrio. La batalla por su defensa la estamos ganando”, concluyen.