De acuerdo a lo que se informó, aún no hay precisiones sobre la fecha del traslado, pero la firma del consentimiento de la extradición acorta los plazos considerablemente. Es que el implicado tenía la potestad de oponerse a la medida, que fue solicitada por el juez Brites, lo cual daba margen a la apertura de un proceso legal paralelo para definir la validez del procedimiento.

En las últimas horas, el Juzgado de Instrucción Tres de Puerto Iguazú firmó los permisos de designación para los funcionarios judiciales que participarán del procedimiento en Europa.

Por otra parte, su hermana, Noemí Fariña (60), continúa en condición de prófuga y con otro pedido de captura internacional en su contra. En agosto, la mujer presentó un pedido de eximición de prisión, pero el juez Brites denegó el planteo.

La estafa

Los acusados eran propietarios de financieras, casas de cambio y locales similares en Puerto Iguazú, algunas de ellas de nombre Fininver y Carfar. De acuerdo a lo consignado, la trama se destapó cuando seis personas de la localidad radicaron las primeras denuncias contra los hermanos Fariña.

Luego de estas denuncias, se sumaron al menos ocho brasileños que también aseguraron haber sido damnificados de la misma manera. Se estima que cada uno de ellos refiere pérdidas de 100.000 dólares.

Según explicaron en ese momento, la operación consistía en conseguir inversionistas que ingresen montos de dinero que supuestamente eran re-direccionados a empresas y proyectos inmobiliarios en otros países, tras lo cual los participantes del mecanismo recibirían retornos con intereses.

Aparentemente, el mecanismo funcionó durante un tiempo, pero tras la pandemia todo se complicó. Los retornos comenzaron a interrumpirse y cuando los damnificados pidieron explicaciones, los hermanos Fariña desaparecieron.

Tras las denuncias, el juez Brites ordenó allanamientos en los locales involucrados y libró los pedidos de captura. Los hermanos implicados exponían sus vidas en las redes sociales con viajes al exterior, principalmente a Brasil y Estados Unidos, por lo que en ningún momento se descartó que estuviesen en el exterior.

Hasta mediados de agosto se habían recibido seis denuncias en Argentina, pero se estimaba que los damnificados podrían ser más de cien y que la cifra total de la estafa alcanzaría los 7 millones de dólares. Entre los denunciantes hay empresarios hoteleros, gastronómicos, comerciantes y profesionales de diversas ramas.