Según Roberto B., el asentamiento indígena en la zona es relativamente reciente y considera que hay derechos de propiedad privada que deben respetarse. También manifestó su temor ante un supuesto plan de la comunidad indígena para reclamar tierras a lo largo de la costa del Paraná como territorio ancestral.

Por otro lado, la comunidad Mbya Guaraní presenta una versión diferente. Javier Villalba, miembro de la comunidad, afirmó que están protegiendo su territorio ante intentos de usurpación y que la policía no respalda sus derechos. El Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPA) ha apoyado a la comunidad indígena, destacando que el territorio está relevado dentro de la Ley 26.160, que reconoce la posesión y propiedad comunitaria indígena.

Recientemente, la comunidad denunció un intento de intrusión por parte de una mujer que pretendía instalarse sin autorización en una zona que ellos estaban limpiando para construir una vivienda para un miembro mayor. Pese a intentar dialogar pacíficamente, no fueron escuchados y han presentado denuncias en la comisaría local por agresiones, discriminación y amenazas.

Este conflicto resalta la compleja situación de los derechos territoriales en la región. Mientras los propietarios privados defienden sus títulos de propiedad, las comunidades indígenas argumentan su derecho ancestral sobre las tierras, respaldados por leyes nacionales e internacionales. Las autoridades locales han intervenido con denuncias cruzadas y una orden de restricción de acercamiento entre las partes involucradas. Roberto B. indicó que su familia tuvo que regresar a Rosario debido a la inseguridad percibida.

La disputa continúa mientras Roberto B. exige respeto por su propiedad y la comunidad Mbya Guaraní insiste en su derecho a permanecer en lo que consideran su territorio ancestral.