El Gobierno -a través de los ministros de Hacienda, Adolfo Safrán, y de Salud Pública, Oscar Alarcón- ofreció a principios de mes un aumento de 1.500 pesos al básico en diciembre y 1.200 pesos para enero, menos de la mitad de lo que reclaman los trabajadores para no perder frente a la inflación.

Pese a que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ni la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron el acuerdo, el Gobierno dio por terminada la discusión paritaria de los meses de diciembre y enero. Desde entonces y sólo con interrupción de los feriados y fines de semana, ATE convocó a paro y movilización con asistencia a los lugares de trabajo.

En los hospitales sólo está garantizada la atención de urgencia y emergencia y, después de tres semanas de protesta, los pacientes sienten el peso de la falta de funcionamiento normal de los centros de salud.

El despido de cinco trabajadores no hizo más que aumentar la tensión, justo en un sector en el que históricamente se denunció precarización laboral.

“Usan un término muy liviano para tratar de describir estos despidos, dicen que se les terminó el contrato; pero hay más de 6.000 contratados en Salud Pública y el Parque de la Salud y esos contratos no se terminan. Claramente, es un despido de estas personas que trabajan desde que se instalaron los puestos fronterizos por la pandemia, en 2020, y en vez de formalizar la relación laboral los despiden”, remarcó el dirigente de ATE, Juan “Chito” Pasamán.

La inflación imparable registrada durante todo el año obligó a los gremios a insistir cada mes con la reapertura de paritarias y con un horizonte no mucho más esperanzador, los trabajadores exigen aumentos para atajarse ante esa tendencia alcista. Por eso se espera un enero cargado de reclamos.

Por otra parte, los propietarios de estaciones de servicio también insisten en que varios locales podrían cerrar después de un año marcado por el retraso en los precios, el desfasaje con la inflación, el desabastecimiento, los altos costos operativos y la baja rentabilidad.

“Nuestros costos operativos siguen creciendo a la par de la inflación y los precios de los combustibles no acompañaron ese proceso. Además, muchas localidades sufrieron un castigo porque tienen un cupo, el cual no permite compensar el precio retrasado con un mayor volumen”, detalló el titular de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Noreste (CESANE), Faruk Jalaf.

“Tenemos el mismo volumen que antes y a veces -incluso- menos porque tenemos un cupo determinado por las petroleras que nos obligaban a vender crucificado; es decir que se debe limitar las ventas”, agregó.

También siguen las repercusiones por el polémico proyecto presentado por diputados nacionales de Juntos por el Cambio que propone desregular el mercado de la yerba mate, liberar los precios y eliminar la posibilidad de equilibrar la oferta y la demanda de la producción.

La iniciativa contó con el acompañamiento del legislador misionero del PRO Alfredo Schiavoni, al que le llovieron críticas desde el gobierno provincial y los sectores productivos de la actividad yerbatera, tantos que hasta la UCR se despegó de la propuesta.

“Sorprende semejante énfasis en querer vincularme con actitudes que van en contra del sector productivo. Soy una persona que toda su vida vivió en Misiones, que siempre recorrió la provincia y continúo haciéndolo”, se defendió Schiavoni.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad se sumó a las críticas y defendió el actual sistema de regulación de plantaciones y el rol del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), espacio donde se discuten los precios de la materia prima.

“Misiones tiene 12.500 medianos y pequeños productores en el sector yerbatero. No es la mayoría la que se beneficia con un sistema de desregulación, son 4 o 5, y nosotros estamos para proteger y cuidar al sector productivo mediano y pequeño”, señaló Herrera Ahuad.

El armado provincial de JxC busca evitar las polémicas y apostaría por una fórmula para la gobernación encabezada por un radical después de que en las anteriores elecciones el PRO tuviera predominancia en las candidaturas.