Según la denuncia, la Asociación de Campesinos Tabacaleros Independientes de Misiones (ACTIM) habría funcionado como el eje central de las maniobras. Gacek asegura que la entidad recibió más de 1.145 millones de pesos del FET en agosto del año pasado sin rendir cuentas claras sobre el destino de esos fondos. Por ello, pidió que la Justicia investigue el uso de los recursos y sancione penalmente a los responsables.

Además de Bárbaro, la denuncia involucra a otros dirigentes y funcionarios: el intendente de Colonia Aurora, Carlos “Cali” Goring; Valtierra, Dos Santos, Nilson Brettin; y las diputadas provinciales Elisa Goring y Blanca Alvez, quienes ya habían sido señaladas por cobrar pensiones por invalidez mientras ocupaban cargos públicos.

Entre las pruebas incorporadas, figuran testimonios de exintegrantes del entorno de Bárbaro, quienes relataron que la oficina de ACTIM “funcionaba como una extensión de la ANSES”, donde se habrían gestionado pensiones no contributivas de manera discrecional.

“Estamos hablando de más de mil millones que deberían haber llegado a los productores y no se ven por ningún lado. La plata desapareció en plena campaña electoral. Esto no es una sospecha: hay pruebas, nombres, documentos y testigos que lo confirman”, afirmó Gacek.

La abogada también señaló que fue blanco de ataques tras hacer pública la denuncia, pero ratificó su postura: “No me van a correr con intimidaciones. Si queremos una política distinta, hay que animarse a decir la verdad. Esta denuncia no es una bandera de campaña: es un compromiso con la Justicia y con los misioneros que merecen saber qué hicieron con sus recursos”.