El gobernador Oscar Herrera Ahuad concretó la firma de un convenio de financiamiento con María Fernanda Raverta por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), para que el organismo previsional cancele parte de la deuda que tiene con la Provincia.

Así, luego de numerosos reclamos de la Provincia a la Nación, finalmente la ANSeS destinará los 2 mil millones de pesos a la caja del Instituto de Previsión Social de Misiones (IPS), correspondientes al 2018.

“La reunión con Raverta salió muy bien. Firmamos el convenio de reconocimiento del déficit de la caja previsional para el año 2018 que estaba adeudado por la Nación. Son dos mil millones de pesos que reconocen”, dijo el gobernador, quién también aprovechó agradecer la gestión de Massa a través de su cuenta de Twitter.

El mandatario provincial también se reunió con autoridades de Vialidad Nacional por una serie de obras que se concretarán en los próximos meses. La llegada de Massa destrabó varios reclamos de la Provincia que estaban congelados después de las idas y vueltas con Alberto.

Como una devolución de gentilezas, Herrera Ahaud también se puso del lado del gobierno nacional en la puja tras el fallo de la Corte Suprema de reintegrar el cobro de 2,95 por ciento de los fondos a Ciudad de Buenos Aires, que Nación recortó para transferir a la provincia de Buenos Aires.

El gobernador junto con los jefes provinciales de Salta Gustavo Sáenz, de Río Negro Arabela Carreras y de Neuquén Omar Gutiérrez publicaron un comunicado expresando su preocupación por esta decisión.

“Manifestamos nuestra preocupación por el fallo de la Corte Suprema de la Nación que asigna montos que incrementan en forma desmedida los fondos de la Ciudad de Buenos Aires en desmedro de fondos correspondientes a la Nación Argentina en su conjunto”, expresaron los gobernadores en el texto.

“El traspaso jurisdiccional de la Policía, desde la órbita federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizado en el año 2016, es un hecho cuyos costos fueron determinables, y que se demostró fehacientemente que la transferencia original de fondos nacionales a CABA, fue superior a la necesaria para absorber el traspaso policial”, sostuvieron.

Herrera Ahuad aprovechó la oportunidad para insistir por el aumento en la coparticipación para Misiones. “Somos muy consecuente con lo que pensamos y hacia dónde vamos como provincia en el reclamo eterno de Misiones respecto de la coparticipación federal, que es el federalismo, la igualdad de oportunidades de la séptima economía de la Argentina”, dijo el gobernador.

El gobernador reiteró que la provincia es la séptima aportante a la Nación, pero que es la número 20 en la distribución de la coparticipación, por eso remarcó que “no vamos a dejar de reclamar lo que nos corresponde aun cuando no compartimos decisiones que se toman desde otros poderes del Estado. Tenemos los resortes jurídicos para poder seguir en este camino de los reclamos y en este camino de la justicia y el federalismo en la República Argentina”.

De cara a las elecciones de 2023, el oficialismo no solo recibe guiños del gobierno nacional sino también de la propia oposición. La diputada nacional de Juntos por el Cambio por Tucumán Paula Omodeo presentó un proyecto de ley de desregulación económica que tuvo una fuerte repercusión en Misiones porque impactaría en la actividad yerbatera.

La iniciativa, acompañada por el legislador misionero Alfredo Schiavoni, tiene “objeto eliminar las restricciones a la oferta de bienes y servicios en todo el territorio nacional y todas las otras restricciones que distorsionen los precios de mercado evitando la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.

Esto representaría quitarle la potestad al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) que, además de definir los precios de la materia prima, tiene la tarea la de recabar estadísticas para implementar medidas que faciliten el equilibrio entre la oferta y la demanda y en caso necesario que limiten la producción.

La alerta del sector yerbatero toma como antecedente la década del 90’, cuando se eliminó la Comisión Reguladora de la Yerba Mate (CRYM), generando una concentración de la actividad en manos de los grandes capitales en detrimento de los pequeños productores.

Precisamente, la creación del INYM en 2003 fue impulsada por los sectores más pequeños de la actividad yerbatera para evitar la distorsión que generaba que las grandes empresas concentran el grueso de la producción.

“Nos cayó muy mal (el proyecto de ley) nosotros queremos otro modelo productivo. Tenemos 7500 productores que tienen menos de 10 hectáreas y 4.500 que tienen menos de 5 hectáreas. Vaya si no es importante una institución como el INYM que se pare justamente en el medio para tratar de proteger a los pequeños productores. Un productor con 25 hectáreas no puede hacerle frente a un gran empresa que tiene millones de kilos de hoja verde, secadero de yerba, sector industrial, exportaciones al mundo”, dijo Juan José Szychowski, titular del INYM.