Ley de Acceso a la Información Pública: Estado, política y transparencia
Durante los últimos años, los argentinos le marcan la “cancha” a los distintos partidos políticos exigiéndoles como mínimo un compromiso ético y moral donde florezca la transparencia, sobre todo, cuando se habla de los manejos de fondos y de los presupuestos nacionales, provinciales y municipales de los organismos e instituciones pertenecientes al Estado.
Así lo reflejó el portal desdeelmargen.com, señalando que la última década ha sido el puntapié inicial para varias provincias del país. En ellas se inició un proceso para acompañar esa demanda que cada vez se realiza con mayor insistencia, y que por lo general condena electoralmente a cualquier partido político que no profese y no milite con el ejemplo de la transparencia de sus funcionarios en la actividad pública.
En la gestión anterior esta cámara sancionó una ley de Acceso a la Información Pública y tanto en Diputados como en el Senado empezó a funcionar por primera vez en la historia la oficina de acceso a la Información Pública. pic.twitter.com/EdcmbrHTgl
— Dolores Martinez (@martinezdolom) February 11, 2021
Sin dudas que disipar sospechas de corrupción se ha transformado en todo un patrimonio a defender si se quiere ganar la simpatía de los electores. Tal vez, por eso mismo con el paso del tiempo fueron varias provincias las que apelaron a la Ley de Acceso de la Información Pública, a modo de esgrimir un cierto grado de compromiso con aquello que demanda y reclama una gran parte de la sociedad.
Uno de los casos peculiares es el de Misiones -que ha marcado un antes y un después- con el desembarco de la Ley de Acceso a la Información Pública: dicha ley se aprobó en la sesión del 7 de junio del 2012 en la Legislatura misionera, convirtiéndola por aquel entonces en la novena provincia argentina con legislación provincial sobre el tema.
Lo paradójico es que ha corrido agua bajo el puente, y en Misiones aún no existe una ley que exija que las declaraciones juradas y patrimoniales de los funcionarios sean de libre acceso, gratuitas y públicas para poder ejercer un cargo.
Pero lo más extraño, es que en la Cámara de Diputados de Misiones, según pudo saber el portal desdeelmargen.com, el 10 de enero del 2019 fue presentado un proyecto de ley que apunta a ponerle fin al oscurantismo patrimonial de los funcionarios públicos misioneros. Lo concreto es que el mismo sigue “durmiendo entre algodones” descansando en el cajón de algún escritorio.
En la actualidad, más de una decena de gobernadores de distinto signo político no hacen público su patrimonio amparándose en normas provinciales, muchas de décadas atrás. Es cierto que las mismas los obligan a presentarlo ante el Tribunal de Cuentas de la provincia o ante la Escribanía General de Gobierno, pero ninguna contempla su publicidad.
